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El primer uso registrado de la palabra liberal para designar a un bando político data de las Cortes de Cádiz, durante la invasión napoleónica de España. Del español, este sentido político de la palabra pasó a otros idiomas.
Por simplificar se puede decir que está la visión de los favorables al liberalismo y de los detractores; por supuesto, con todos los matices entre los dos extremos.
Los favorables usan el término liberal para referirse a lo que está de acuerdo con unas leyes fundamentales, que podríamos consensuar en la declaración universal de derechos humanos, y al mismo tiempo no impone restricciones, obligaciones ni imposiciones de ningún tipo que no sirvan para garantizar los derechos recogidos en la ley. En este sentido el liberalismo es el origen de la democracia moderna.
Históricamente, el liberalismo está íntimamente unido a la existencia de una ley objetiva que considera a todos los ciudadanos iguales en dignidad y en derechos. Al mismo tiempo, huye de cualquier limitación que no vaya contra esos derechos fundamentales.
En imposible disociar el liberalismo de las revoluciones atlánticas del siglo XVIII y XIX. Las más destacadas son la revolución de las colonias americanas contra Reino Unido, la revolución francesa y la revolución abortada en la España napoleónica. De aquella época, nos queda el regalo que la Francia revolucionaria le hizo a las excolonias británicas en forma de estatua de la libertad.
Este sería el liberalismo ideal, que como el socialismo ideal es siempre una utopía maravillosa e inalcanzable.
Por otra parte, para los detractores, el liberalismo es un sistema en el que el estado y/o la sociedad son excesivamente permisivos y no protegen los valores que deben ver defendidos. Los que creen que la administración debe regular la conducta y las relaciones entre los ciudadanos asocian el liberalismo con el desorden.
Lo más frecuente es que la gente que se considera a sí misma liberal, o que es tachada de liberal por otros, admita la necesidad de algunas restricciones a la libertad individual, para salvaguardar derechos fundamentales. Ahora bien, no todo el mundo considera fundamentales los mismos derechos. Dependiendo de cuál sea la jerarquía de derechos, unos pensadores o agentes están a favor de unas regulaciones y otros de otras. En general, se puede diferenciar entre liberalismo social y liberalismo económico.
El liberalismo social defiende la no intromisión del estado en la conducta privada de los ciudadanos y en sus relaciones sociales, admitiendo grandes cotas de libertad de expresión, religiosa y de reunión, los diferentes tipos de relaciones sexuales consentidas, el consumo de drogas, etc. Para sus detractores, falla al no tener cuenta valores superiores a la voluntad humana, como los valores religiosos o tradicionales. Es un sistema que permite al ciudadano hacer de todo con su vida y con su cuerpo, mientras no se meta en la vida de los demás.
El liberalismo económico defiende la no intromisión del estado en las relaciones comerciales y laborales entre los ciudadanos (con impuestos bajos, no progresivos y que no se destinen a altos gastos sociales), disminuyendo la protección a los más débiles (salario mínimo, pensiones estatales, prestaciones por desempleo). Pretende que el estado se dedique a servir al poder del mercado. Para sus detractores, los que desean que el estado y el mercado sirvan al pueblo, este liberalismo es sinónimo de todas las malas consecuencias de la práctica del capitalismo. Es un sistema que permite al ciudadano hacer de todo... mientras lo pueda pagar.
En discusión filosófica, se suele dar el caso de que un pensador coincidencia a la vez con las posturas del liberalismo social y el liberalismo económico. En la práctica política, es raro que coincidan. En general, el intervencionismo económico y el liberalismo social son característicos de la socialdemocracia y el eurocomunismo mientras que el liberalismo económico y el control social son más carácterísticos del llamado neoliberalismo económico, pero la práctica real de la política obliga a atender a muchas circunstancias, aparte de la propia ideología. Otras políticas, como el comunismo estalinista y la autarquía franquista combinaban el intervencionismo económico con un rígido control social. De todas formas, hay que tener en cuenta que esto son sólo las líneas generales. También se dan casos de que un mismo grupo de presión pida unas medidas económicas liberales y otras intervencionistas. Por ejemplo, un sector industrial puede reclamar libre circulación de bienes y servicios dentro de un mercado, pero una fuerte protección frente a productores de fuera del país.
