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El gobierno cubano mantiene su adhesión a los principios socialistas a la hora de organizar su economía controlada por el estado. La mayoría de los medios de producción pertenecen y son administrados por el gobierno y, según las estadísticas del gobierno cubano, el estado emplea alrededor de un 75% de la mano de obra. La verdadera cifra se puede aproximar al 90%, puesto que el empleo en el sector privado consiste mayormente en unos 200.000 agricultores privados con pequeñas parcelas y unos 100.000 "cuentapropistas" o trabajadores independientes, según ciertas fuentes. La economía cubana aún se está recuperando de una baja del producto interno bruto de al menos 35% entre los años 1989 y 1993, debido a la pérdida de los subsidios soviéticos. Con el objetivo de aliviar la crisis económica, en 1993 y 1994 el gobierno introdujo algunas reformas de orientación mercadista, entre ellas la apertura al turismo, el permiso a la inversión extranjera, la legalización del dólar y la autorización al empleo por cuenta propia en casi 150 profesiones. Estas medidas resultaron en un crecimiento económico moderado; las estadísticas oficiales, no obstante, son deficientes y como resultado ofrecen un cuadro incompleto de la verdadera situación económica de Cuba. El nivel de vida al final de la década permanecía muy por debajo del de 1989. Los precios más bajos para el azúcar y el níquel, las alzas en el precio del petróleo, la disminución del turismo después del 11 de septiembre de 2001 y el devastador huracán de noviembre de 2001, crearon entre todos nuevas presiones económicas para el país y amenazan con anular las mejoras logradas a mediados y finales de los años 1990. La escasez de alimentos y combustible empeoró radicalmente.
A mediados de los años 1990 el turismo superó al azúcar, desde antaño el principal sostén de la economía cubana, como fuente principal de divisas. El turismo figura de manera importante en el plan de desarrollo del gobierno cubano, y un alto funcionario lo describió como el "corazón de la economía". La Habana dedica recursos importantes a la construcción de nuevas instalaciones turísticas y la renovación de estructuras históricas para el uso del sector turístico. Aproximadamente 1,7 millón de turistas visitó Cuba en el 2000, generando unos 19.000 millones de dólares en ingresos brutos; pero las esperanzas del gobierno con respecto al crecimiento prolongado de este sector, no se vieron materializadas debido a la declinación de la economía mundial en el 2001 y los efectos negativos sobre el turismo regional después del 11 de septiembre. Las cifras finales para 2001 reflejan un crecimiento insignificante en la cantidad de turistas y ningún cambio en los ingresos brutos para el 2000. La perspectiva para el año 2002 es la de una reducción en la llegada de turistas e ingresos.
Las remesas familiares de dinero desde el extranjero desempeñan un papel importante en las cuentas públicas de Cuba, y suponen entre 800 y mil millones de dólares por año para una economía de 18.000 millones de dólares. La mayoría de las remesas provienen de familiares en Estados Unidos, a quienes la ley estadounidense permite enviar a la isla hasta 1.200 dólares cada año. Esto proporciona acceso a dólares a casi un 60% de la población cubana. El gobierno cubano es muy activo en la captura de estos dólares, permitiéndole a sus ciudadanos comprar en las "tiendas en dólares" e incrementando las categorías de productos de gran necesidad que sólo pueden ser comprados con dólares. También los trámites migratorios para los nacionales son enormenente costosos y usualmente sólo abonables en moneda extranjera. La caída de la economía mundial el año pasado demoró y redujo las remesas de dinero, lo cual contribuyó al titubeante crecimiento de la economía cubana. El azúcar, que ha sido el sostén económico de la isla durante casi toda su historia, atraviesa tiempos preocupantes. En 1989, la producción superaba los 8 millones de toneladas, pero para mediados de los años 90 había caído hasta llegar a alrededor de 3,5 millones de toneladas. Una combinación de variables, tales como los métodos ineficientes de la siembra y el cultivo, la administración mediocre, la escasez de repuestos y la mediocre infraestructura de transporte frenaron la recuperación de este sector. En junio de 2002 el gobierno anunció su propósito de llevar a cabo una "transformación amplia" de este sector en declinación. El plan propone igualar la producción azucarera con los precios mundiales y cerrar casi la mitad de los centrales azucareros, despidiendo a más de 100.000 trabajadores, quienes serían "readiestrados" en otras profesiones y recibirían empleos nuevos.
Para mantener la economía a flote, La Habana busca activamente la inversión extranjera, lo cual a menudo resulta en la formación de empresas conjuntas en las que el gobierno cubano posee la mitad del capital, así como contratos de administración de instalaciones turísticas o el financiamiento de la zafra. Un nuevo marco legal, dispuesto en 1995, les permite a los propietarios extranjeros tener mayoría en las empresas colectivas con el gobierno cubano. En la práctica, la mayoría propietaria extranjera en las empresas colectivas es casi inexistente. Hacia finales del 2000, operaban en Cuba casi 400 empresas conjuntas, lo cual representa inversiones, por parte de 46 países, de entre 42 y 45 mil millones de dólares, aunque prácticamente el 70% de las mismas no podrían considerarse inversiones extranjeras de acuerdo con el estándar internacional, ya que operan fuera del país. Gran parte de estas inversiones son préstamos o contratos de administración, suministros o servicios que, en las economías occidentales, normalmente no se consideran inversiones de capital. Los inversionistas están restringidos por la Ley estadounidense de Libertad y Solidaridad Democrática Cubanas (LIBERTAD), que impone sanciones a aquellos que "trafiquen" en bienes expropiados de propiedad de ciudadanos estadounidenses. Hasta agosto de 2002 se les ha impedido ingresar en Estados Unidos a 18 ejecutivos de dos compañías extranjeras. Más de una docena de empresas han abandonado Cuba o han cambiado sus planes de inversión allí debido a la amenaza de sanciones de acuerdo con la Ley LIBERTAD.
En 1993 el gobierno cubano legalizó para el pueblo la tenencia y el uso del dólar. Desde entonces el dólar se ha convertido en la moneda principal de la isla. A fin de capturar la moneda dura que llega a la isla a través del turismo y las remesas de dinero -- estimados entre 800 y mil millones de dólares anuales--, el gobierno ha establecido tiendas en dólares administradas por el estado, donde se venden alimentos, productos del hogar y ropa. La diferencia de nivel de vida se ha ensanchado entre aquellos que tienen acceso a dólares y aquellos que no lo tienen. Los empleos en los que se puede ganar un sueldo en dólares, junto con las propinas de las empresas o los turistas extranjeros, se han convertido en elementos altamente codiciados. Es común encontrarse con doctores, ingenieros, científicos y otros profesionales que trabajan en restaurantes o como taxistas.
A fin de ofrecer empleo a aquellos trabajadores que fueron despedidos debido a la crisis económica, y con el objetivo de suministrar servicios que el gobierno encontraba difícil ofrecer, así como para intentar convertir ciertas actividades del mercado negro a actividades legales, y, por lo tanto, controlables, en 1993 La Habana legalizó el empleo por cuenta propia para unas 150 profesiones. El gobierno mantiene un fuerte control sobre el pequeño sector privado a través de la regulación y los impuestos. Por ejemplo, los propietarios de un pequeño restaurante privado no pueden proveer asientos a más de 12 personas y sólo pueden ofrecerles empleo a sus familiares para que los ayuden en las tareas. Las tasas mensuales se deben pagar sin consideración alguna a los ingresos, y hay inspecciones frecuentes donde se imponen multas elevadas cuando se viola cualquiera de las múltiples normas del empleo por cuenta propia.
En lugar de expandir las oportunidades en el sector privado, en años recientes el gobierno ha intentado apretar aún más a estos pequeños empresarios a fin de que liquiden sus empresas y tengan que regresar al sector público. Muchos han optado por ingresar en la economía informal o el mercado negro y otros han cerrado sus puertas. Estas medidas han reducido los empleos en el sector privado de un tope de 209.000 a 108.000 en el 2000. No se dispone de cifras recientes, pero el gobierno de Cuba informó que a finales del año 2001 las recaudaciones impositivas de los empleados por cuenta propia cayeron un 8,1 % debido a la reducción del total de contribuyentes.
La austeridad prolongada y la ineficiencia de la economía de estado a la hora de proveer productos y servicios adecuados, han creado condiciones que permiten el crecimiento de una economía informal en Cuba. A medida que disminuye la variedad y la cantidad de bienes disponibles en las tiendas en pesos cubanos, administradas por el estado, los cubanos se han acercado más y más al mercado negro para obtener alimentos, ropa y productos domésticos. El hurto de bienes en el lugar de trabajo para después venderlos en el mercado negro, o la oferta ilegal de servicios al margen del empleo oficial son comunes, y las compañías cubanas comúnmente calculan un 15% de pérdidas en hurtos para incluirlas en sus planes de producción. El gobierno cubano reconoce que los cubanos tienen que participar en tales actividades para poder llegar a fin de mes, e intentar poner fin a la economía informal sería inútil. Por lo tanto, concentra sus actividades de control en súplicas ideológicas contra el robo y el cierre de las grandes operaciones organizadas. Un informe de un economista independiente y figura de la oposición, especula que más del 40% de la economía cubana opera en el sector informal.
La precaria situación económica de Cuba se complica, además, por los elevados precios que tiene que pagar a la hora de adquirir financiación extranjera. El gobierno cubano dejó de pagar la mayor parte de su deuda externa en 1986 y carece de acceso a los créditos de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, lo cual significa que La Habana depende fuertemente en préstamos de corto plazo para financiar sus importaciones, principalmente de alimentos y combustible. Debido al pésimo crédito del país, la deuda de 11 mil millones de dólares en moneda dura y los riesgos asociados con las inversiones en Cuba, las tasas de interés han llegado, según ciertos informes, a niveles de hasta el 22%
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